06 Oct 2016

Desafíos de la Institucionalidad Democrática

Servio Tulio Castaños Gúzman
ALMUERZO MENSUAL DE LA CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DISCURSO DEL DR. SERVIO TULIO CASTAÑOS GUZMÁN, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC., (FINJUS)

Muy buenas tardes, señor Gustavo Tavares, Presidente de la   Cámara Americana de Comercio AMCHAMDR y Presidente de Marítima Dominicana y Honorable Embajador James W. Brewster, Embajador de los Estados Unidos de América en Rep. Dom.

Señores William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de AMCHAMDR ; Mary Fernández, Miembro del Consejo de Directores y Socia de Headrick Rizik Álvarez y Fernández; Edwin De los Santos, Miembro del Consejo de Directores y Presidente de AES Dominicana; Carlos José Martí, Miembro del Consejo de Directores y CEO de Martí PG Petroleum Group; Amelia Vicini, Miembro del   Consejo de Directores   y   Socio- Miembro del Comité de Estrategia de Inversion INICIA ; David

Fernández, Vicepresidente del Consejo de Directores y Presidente de CXO Consulting ; Roberto   Herrera, Vicepresidente del Consejo de Directores y Gerente General de CESPM; María Waleska Álvarez, Miembro del Consejo de Directores y Presidenta de NAP DEL CARIBE; Franklin León, Miembro del Consejo de Directores y Presidente Cervecería Nacional Dominicana; Carlos Fondeur, Miembro del Consejo de Directores y Presidente Ejecutivo de Hoyo de Lima Industrial; Francesca Rainieri, Miembro del Consejo de Directores y 2da Vicepresidente Corporativo de Grupo Punta Cana; Eduardo Cruz, Miembro del Consejo de Directores y Presidente de   Grupo Humano; Pedro Brache,   Miembro del   Consejo     de   Directores y Presidente Ejecutivo de Pasteurizadora Rica.

I.   Introducción.

Es un verdadero honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia y para mí su invitación a compartir este espacio con todos ustedes. Este escenario de la AMCHAM no es una tribuna más en la República Dominicana, porque aquí se han sintetizado muchas aspiraciones de progreso y crecimiento del país, alrededor de múltiples temas vinculados   a una   visión   integral   del desarrollo nacional.

En toda su trayectoria FINJUS les ha acompañado con la convicción de que el país puede y debe mejorar en todos los órdenes, lo que requiere el concierto de voluntades, estrategias, planes, perspectivas y visiones del futuro entre diferentes actores públicos y privados.

En FINJUS hemos venido trabajando desde hace 26 años   guiados por   los ideales   y tesón   de   sus fundadores, lo mismo que otras entidades sociales, a las que se   les agrupa como sociedad civil. Nos sentimos satisfechos de haber tenido la oportunidad de contribuir a la discusión y solución de algunos de los más agudos problemas nacionales. Siempre hemos creído en que una de las mayores responsabilidades de quienes estamos comprometidos con la democracia es la labor de animación de sus valores y el fortalecimiento de la institucionalidad.

Sabemos que globalmente la calidad de las democracias se mide en función de varios indicadores, como la existencia de la prensa independiente o de entidades sociales autónomas con voluntad para apoyar los cambios y trabajar junto al Estado para lograrlo. En el país hemos priorizado la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y el fortalecimiento de la democracia, desde espacios ciudadanos con capacidad de diálogo con el Estado y sus instituciones.

Atravesamos por una especial coyuntura institucional. Tenemos conciencia de las carencias y deficiencias que nos caracterizan y no hacen falta más estudios nacionales o internacionales para probarlo. Los puestos que ocupamos en los rankings internacionales en áreas claves del desarrollo y la democracia así lo muestran.

Según el Informe Konrad Adenauer sobre Índice de Desarrollo Democrático de América Latina en 2014, ocupamos junto a Guatemala los últimos lugares, por nuestras deficiencias en el cumplimiento de formalismos y   en el ejercicio de los derechos y libertades y la calidad institucional.

El Banco Mundial lo reflejó recientemente al plantear que ‘‘a pesar del desempeño económico extraordinario, la República Dominicana no ha conseguido resolver sus principales desafíos para el desarrollo. [Los niveles del PNB per cápita se incrementaron rápidamente luego de la crisis doméstica, de US$2,600 en 2000-2004 a US$5,200 en 2011, pero la expansión económica no ha estado acompañada por una reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad, ni ha producido mejoras significativas en los indicadores sociales”.]

Estos indicadores nos plantean la urgencia de hacer un balance de nuestra realidad institucional, porque de la calidad y eficiencia   de nuestras instituciones democráticas dependen muchas áreas de la economía y la sociedad.

Lo primero que nos llama la atención es la existencia de grandes contradicciones y paradojas. Somos un país con una  democracia formal que tiene más de veinte años de renovación ininterrumpida de sus gobiernos, pero que a la vez muestra dificultades para resolver eficientemente contradicciones y conflictos inherentes a toda sociedad organizada. Permítanme hacer un rápido análisis de las bases de esta realidad institucional para extraer algunas lecciones.

II. Poder Legislativo.

Tenemos en primer lugar un Poder Legislativo que elabora   leyes tratando de apegarse a las tendencias actuales en la comunidad jurídica internacional. Sin embargo, nuestros legisladores realizan actividades que distorsionan su misión principal, porque además de elaborar las leyes, deberían concentrarse en fiscalizar y controlar la rendición de cuentas de los poderes públicos.

La rendición de cuentas es una condición sine qua non en todo Estado de Derecho, y “se ha constituido en el elemento central de las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes”.

Gracias a los instrumentos de la rendición de cuentas y la transparencia, el Estado explica sus acciones a la sociedad y acepta su responsabilidad por ellas. La transparencia abre  la información al  escrutinio público para que los interesados la revisen, analicen y, en su caso, la usen como mecanismo para sancionar. En el Informe de Ejecución Presupuestaria de enero-junio de este año se muestra que ‘‘la Cámara de Diputados ejecutó un monto de RD$2,013 millones, el 50.0% de su presupuesto, del que RD$1,568 millones se usaron para funciones relacionadas con la elaboración y aprobación de leyes, pero el resto, [o sea, RD$445 millones de pesos, se gastaron en su mayoría como ayudas y donaciones a hogares y personas’’.

Esta práctica es una grave distorsión de la labor legislativa. Hemos insistido que la asistencia social es una   atribución exclusiva de los órganos del Poder Ejecutivo y que el Congreso debería dedicarse a legislar, fiscalizar y controlar los actos de la Administración Pública, para que el gasto sea ejecutado   en base a la ley y se sancionen los responsables de las distracciones y delitos en este sector.

Para enfrentar la corrupción en múltiples áreas, el Congreso tiene a la Cámara de Cuentas, que es el órgano superior externo de control de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Lamentablemente ese órgano no realiza acciones para perseguir administrativamente a los funcionarios que cometen irregularidades, como le facultad su Ley. Es hora de que   los   funcionarios públicos asuman responsabilidad sobre los actos que realizan en contra del Estado dominicano.

Por eso abogamos en estos momentos, al término del periodo legislativo correspondiente a la Cámara de Cuentas, que el Congreso Nacional se   aboque a escoger a sus nuevos miembros en base a un perfil de competencia idóneo, tengan el compromiso en sus tareas y sobre todo, que no tengan lazos de subordinación con los partidos y el poder político.

Si quedara alguna duda en la sociedad dominicana acerca de la gravedad de la situación de la crisis estructural del sistema de controles en el Estado, solo basta leer el titular aparecido en la pág. 7A del Diario HOY, que reza: “RD octavo país más corrupto mundo y quinto de AL”. Quien hace esta evaluación es el prestigioso Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, Suiza y que ayer presentó su Informe del 2016. Que seamos el octavo puesto a nivel mundial es gravísimo, pero lo que resulta inaceptable es que esta evaluación se repite año tras año.

Seguiremos siendo así, lamentablemente, si el sistema de consecuencias por actos de corrupción es nula en los casos emblemáticos; si los órganos de control no ejercen su responsabilidad; si el sistema de justicia no tiene la capacidad de imponer sanciones y sobre todo, si el sistema de partidos se convierte en el motor que impulsa esta maquinaria infernal, que hace más pobre a los pobres y perpetúa la inequidad, la desesperanza y la ira social.

III. Poder Ejecutivo.

Uno de los desafíos más importantes para enfrentar las debilidades de nuestra institucionalidad democrática es el reforzamiento del sistema de frenos y contrapesos, especialmente frente a la cultura hiperpresidencialista que ha predominado en nuestra historia. [Como es de todos conocidos el artículo 55 de la Constitución del 1966 y posteriores otorgaba amplias facultades al Poder Ejecutivo para actuar con alta discrecionalidad, a lo que se aplicó ciertas limitaciones con la adopción del nuevo artículo 210 constitucional.] Reconocemos  que esta Administración ha introducido nuevos estilos   y prácticas que han mejorado algunas áreas, redundado en más controles en algunas compras y contrataciones en órganos del Estado,   pero sigue siendo una prioridad que el Congreso supervise de manera más estrecha la acción gubernamental.

El sistema de frenos y contrapesos es un elemento medular de todo Estado de Derecho moderno. Es la hora de que sea fortalecido en el país. Esto sólo será posible de alcanzar, en la medida en que se realice una transformación cultural importante: desterrar la vieja práctica política de que el partido que controla el Poder Ejecutivo, impone sus directrices al Poder Legislativo y, al controlar la mayoría congresual, distorsionan su función parlamentaria, debilitando la representación popular.

Una gran amenaza a la democracia es la creencia de quienes por tener la mayoría absoluta en el Congreso, pueden imponer sus políticas de espaldas a la sociedad, sin cursar el diálogo y necesario consenso que arropa la legalidad con el manto de la legitimidad social. Nuestra democracia gana cuando el que tiene la mayoría no sólo vence en la sociedad, sino que la convence.

IV. Poder Judicial.

Contamos con un Poder Judicial sobre el que amplios sectores de la sociedad tienen puestas sus miradas. Los problemas y deficiencias que confronta han provocado grandes desalientos en la opinión pública, debido a que las expectativas sociales de eficiencia y acceso a sus servicios, así como de independencia e imparcialidad  en decisiones emblemáticas, no reflejan el efecto esperado tras 20 años de reformas continuas en ese Poder.

Pese a los avances tecnológicos, el mejoramiento de su infraestructura, la calidad elevada de sus servidores, seguimos padeciendo problemas existentes en 1997 y no han sido solucionados radicalmente. Eso es lo que reflejan las áreas penal, inmobiliaria, laboral o de familia en el sistema de justicia.   [Algunos   expertos   incluso   tratan   de relacionar el deterioro en la seguridad ciudadana a las deficiencias de la justicia penal, aunque debe reconocerse que otros actores como el Ministerio Público y la Policía Nacional juegan un rol principal en estos fenómenos.]

Pese a que la percepción ciudadana no es el único indicador que debe considerarse, es muy preocupante que de acuerdo a la última encuesta general del Latinobarómetro, “La confianza en que los tribunales proporcionan un juicio justo se ha reducido de 50% en 2008 a un mínimo de 40% en 2015. Y lo mismo ocurre en otros aspectos como la confianza en que el sistema judicial castigará al culpable de un delito”. Esta percepción se recoge también en el índice de competitividad global del World Economic Forum, que sitúa al país en el puesto 124 entre 140 naciones en  independencia judicial.

Se ha encontrado evidencias de múltiples obstáculos que impiden la independencia de los jueces, como lo son la injerencia de la política y el crimen organizado en algunos miembros de estamentos judiciales y las debilidades en el manejo o resolución de conductas inadecuadas a lo interno del Poder   Judicial. Se reconocen como obstáculos en esa misma dirección la inobservancia de la ejecución   de la Ley No. 28-11 sobre Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial, ya que del 2.66% del presupuesto que les correspondería en los últimos 12 años, el promedio asignado a este órgano es de 1.19%, menos de la mitad de lo que por ley le corresponde.

V.   Ministerio Público.

Otro de los aspectos a mejorar dentro de nuestro sistema de justicia, es la cuestión del rol del Ministerio Público en los procesos judiciales y   frente a   la ciudadanía. Consideramos que mientras el Ministerio Público  no cuente con la suficiente autonomía funcional real para presentar las acusaciones hasta las últimas consecuencias en los casos que se le presenten, seguirá primando un clima de impunidad especialmente en los casos de corrupción de políticos vinculados a la Administración Pública.

Informes en los medios de comunicación dan cuenta de falta de rigor, calidad e incluso de  falta de voluntad de miembros del Ministerio Público, especialmente en el interior del país, que entorpecen, encubren o frustran la búsqueda de la verdad en la investigación penal de delitos y crímenes perpetrados por grupos organizados o particulares con vinculaciones partidarias. Aún resuenan los ecos de la inconformidad ciudadana por   las decisiones del Ministerio Público que impidieron que casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción pudieran cumplir con todas las fases jurisdiccionales y sentar precedentes.

VI. Cumbre Judicial Nacional.

Dentro de dos días, como todos sabemos, se dará apertura a la Cumbre Judicial Nacional y desde FINJUS hemos valorado su convocatoria y junto a más de cien organizaciones sociales hemos articulado una Coalición por la Justicia y la Seguridad para apoyar su realización y aportar informaciones, datos y soluciones sobre las deficiencias que se están identificando.

Existe una gran expectativa alrededor de este evento, porque la sociedad demanda respuestas certeras y valientes para enfrentar los   males históricos que arrastra ese Poder   del Estado y que en los últimos meses brotaron de manera dramática.

Esperamos que la Cumbre Judicial reconozca que es urgente una nueva ola de reformas que consolide lo alcanzado desde 1997 y que garantice acciones efectivas para el desarrollo de una justicia independiente, imparcial, transparente, eficiente y accesible a la ciudadanía, que sea una garantía para la seguridad jurídica de los negocios y las personas.

Hoy tenemos jueces que son  elegidos mediante concurso de méritos, y una ley de carrera garantiza que los jueces no sean removidos sin una causa justa, pero eso no basta;   tenemos un Consejo del Poder Judicial que en teoría debería aligerar la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia, pero tampoco esto basta.

Pese a esos avances algunos jueces, abogados y usuarios del sistema de justicia que han participado en nuestros seminarios y talleres de análisis de la justicia, han planteado que hoy la independencia judicial está más amenazada que años atrás, porque a la hora de tomar decisiones el temor que sienten muchos jueces es mayor que antes. Debemos ayudar a los jueces y fiscales a cortar los hilos invisibles con los cuales el poder político e intereses espurios les mantienen atados en el pasado. Recalcamos que sin un Poder Judicial imparcial, independiente y eficiente está en peligro la seguridad jurídica   y la existencia misma de la democracia.

En el camino de reforzar el Poder Judicial y otras altas cortes, consideramos oportuno solicitar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura su compromiso de que nunca más serán elegidos en las Altas Cortes a personas que, por su vinculación con los partidos políticos, no puedan gozar de la presunción de imparcialidad en sus decisiones. La independencia e imparcialidad de los magistrados de las altas cortes   es sobre   todo un compromiso que deben jurar cada uno de ellos, pero al mismo tiempo debe impedirse que accedan a esos puestos personas con una trayectoria de parcialidad e intereses particulares, aun cuando los mismos sean legítimos.

Por esto hemos proclamado, junto a otras organizaciones sociales, la necesidad de un Pacto Nacional por la Justicia, que rescate la confianza ciudadana, y sirva de base para resolver los agudos problemas de congestionamiento en los juzgados, impunidad, falta de equidad y transparencia en el sistema de justicia.

VII. Sistema de partidos.

En el balance de la situación de la institucionalidad democrática no podemos dejar de mencionar el componente político.

No es una exageración afirmar que el sistema de partidos se ha convertido en una retranca para el desarrollo nacional. La calidad de la gobernabilidad democrática está en entredicho y a ello contribuyen múltiples factores, pero a nuestro juicio los   más urgentes son: someter al orden a los partidos políticos y crear las bases para   que el sistema electoral garantice la transparencia e idoneidad en la elección de nuestros representantes.

Es un punto común la necesidad de reformas al régimen electoral y la Ley de Partidos Políticos. El modelo político actual es insostenible, ya que hace depender las políticas públicas de los criterios particulares vinculados con el acceso al poder y su preservación. Todas las formas arcaicas y aberrantes de la acción política, como son el clientelismo, el tráfico de influencias y el patrimonialismo han desgastado la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, lo que puede traducirse, en un plazo relativamente corto, en confusión y anarquía. Según el Latinobarómetro de las Américas del 2015, “la República Dominicana se ubica en primer lugar en la región en cuanto a la experiencia directa o el conocimiento de ofertas clientelistas”. El responsable directo y principal de esta distorsión es el sistema de partidos, que es el único que en los últimos 50 años no ha sufrido ninguna transformación significativa.

Hemos proclamado que la sociedad civil no pretende sustituir a los partidos políticos porque la Constitución les asigna la responsabilidad de representar la voluntad popular para la conformación de   los poderes públicos, así como la función de decidir y regular el rumbo de la política, la economía y la sociedad. La crisis del sistema político se agrava porque los partidos políticos se conciben y actúan como fines en sí mismos y no como representantes de la sociedad.

VIII. Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

Por esto consideramos que es urgente la aprobación de la Ley de Partidos que ponga orden a su vida interna y los ayude a ser transparentes y aliados de la sociedad en su carrera por el progreso y el desarrollo. Son dos los puntos que más le preocupan a la sociedad: primero, la regulación del financiamiento privado y segundo, la celebración de primarias. Allí es donde se concentra la mayor probabilidad de generar contiendas electorales desiguales y, por tanto, lacerar la democracia. El financiamiento de los partidos políticos ha de ser un instrumento transparente, sujeto a controles y al alcance de la ciudadanía.

[Por otro lado, la celebración de primarias es la condición sine qua non para garantizar la democracia interna. Las primarias son el mejor instrumento para asegurar el respeto a la participación directa de su militancia; el respeto de sus derechos fundamentales y la posibilidad de contar con órganos de control de su vida interna.]

Otros aspectos claves que una nueva Ley de Partidos debe asegurar son la idoneidad de los candidatos; la educación y formación política de los miembros; la consagración de la naturaleza de los partidos políticos como instituciones de derecho público y no como corporaciones privadas; un régimen de incompatibilidades con las funciones político partidarias; la   igualdad y   equidad de   género mediante el respeto de la cuota que por ley les pertenece a las mujeres y el establecimiento de un sistema de sanciones y consecuencias para quienes desnaturalizan la actividad partidaria con la comisión de delitos.

IX. Junta Central Electoral y Ley de Régimen Electoral.

En ese mismo sentido planteamos la importancia de la Junta Central Electoral, como un órgano donde el consenso debe reinar para su conformación y que debe alejarse de   toda forma de   autoritarismo. Es cierto que son los propios actores principales del sistema electoral, o sea los partidos, quienes en muchas ocasiones no pueden llegar a consensos y acuerdos para facilitar la gobernabilidad.

El país necesita una nueva Ley Electoral que dote a la Junta Central Electoral de todos los mecanismos necesarios para cumplir su rol de fiscalizador, supervisando el financiamiento y el uso de los fondos por los partidos. Asimismo, debe contemplarse un procedimiento que conduzca a resultados eficientes y sanciones para los que transgredan la ley. El Informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, en referencia a las elecciones pasadas, mostró que el país tiene falencias muy graves respecto al momento pre- electoral   y los cambios en el proceso de conteo de votación, entre   otros.   En ese tenor,   la Misión resaltó “la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral”.

Recientemente se ha dado a conocer el avance de la investigación sobre la percepción de integridad electoral   de América   Latina,   elaborada por The Electoral Integrity Project y auspiciado por las universidades de Harvard y Sidney, Australia. Los datos preliminares que arrojan ese informe deberían llamar a la preocupación del país, pues nuestro sistema electoral solo obtuvo 44 puntos en base a 11 variables básicas, quedando en el lugar 92 entre 157 países del mundo y superando solamente a Haití en América Latina en este renglón.

Atendiendo a los datos  anteriores, se hace más urgente redefinir el perfil de competencia e idoneidad requerido para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Desde la sociedad civil hemos insistido en el cambio de la estructura de ese órgano. No podemos seguir delegando los asuntos electorales, que son tan esenciales y que deben ser libres y neutrales frente al poder político, en personas cuyas ataduras político-partidarias superan la función en la cual se encuentran investidos.

La Junta Central Electoral, en el marco de su actual ley, carece de autoridad para  imponer orden a los partidos. Un ejemplo de ello es que no obstante la Ley Electoral y la Constitución lo ordenaban, fue imposible realizar la redistribución territorial de los diputados, simplemente porque los partidos se impusieron a la Junta y se mantuvo la misma configuración de la representación congresional, pese a que el   Censo Nacional de Población indicaba producir los cambios.

En suma, queremos aprovechar la ocasión para solicitar al llamado “bloque de partidos de la oposición” que retorne al diálogo para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Si se exige mayor calidad democrática, las vías institucionales son el método más idóneo para hacer valer dichas exigencias. Nosotros también compartimos sus preocupaciones, pero apelamos al diálogo y al consenso para que nuestras sugerencias sean tomadas en cuenta y logren la efectividad que la población espera que tengan.

Conclusiones. Retos de la Institucionalidad.

Señoras y Señores:

Somos de opinión que se están concentrando un conjunto de factores y variables que de seguir el curso actual podrían desembocar en una crisis institucional que dañaría el tejido social y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Si bien es cierto que el diseño institucional del Estado es el adecuado, no existe correspondencia con su funcionamiento. Tenemos buenas leyes en general, sin embargo no se aplican. Este es el tipo de reto que tiene ante sí la competitividad. Varios problemas marcan el ritmo para   hacer más lentos los cambios que el país demanda para ser competitivo en el mundo globalizado. Los costos del desorden institucional representan una grave amenaza a la seguridad jurídica y la democracia.

Por todo lo anterior, consideramos que es urgente enfrentar todos los problemas señalados, mediante la adopción de un Pacto Social por la Gobernabilidad, donde la voluntad consensuada de actores públicos y privados permita definir y aplicar   las medidas que sean necesarias

Señoras y Señores:

Este es un momento decisivo para el devenir de la institucionalidad democrática en el país. No cabe el pesimismo ni el desaliento. Nadie en esta sala apuesta a la derrota ni al fomento del desconcierto en la situación actual o el futuro dominicano.

La responsabilidad exige en muchas ocasiones aplicar la crítica como un instrumento para el crecimiento. Debemos enfocar nuestras carencias para que las oportunidades que se presenten en el porvenir puedan ayudarnos a elevar la vista para avizorar horizontes más promisorios.

La regeneración democrática de nuestras instituciones, la reconstrucción de la confianza social en los partidos políticos, las instituciones del Estado y el sistema democrático en sentido general es responsabilidad de todos. Estoy convencido que en este país tendrá que derramarse la sensatez y la razón; por lo que no tengo la menor duda de que saldremos adelante pese a la magnitud de estos grandes desafíos democráticos.

Muchas Gracias.

5 de octubre del 2016.

04 Oct 2016

ANEIH considera sorprendente oferta de Punta Catalina al sector privado

El presidente de la entidad, Antonio Taveras Guzmán, consideró, no obstante, que el plan de vender una parte de la termoeléctrica es una decisión soberana que podría ser positiva, pero señaló que antes de esa operación se requiere una auditoría profunda a la obra y la determinación de su real valor de mercado.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC. -ANEIH- consideró “sorprendente” el interés del Gobierno de vender US$1,000 millones en participación en la termoeléctrica Punta Catalina antes de la conclusión del proyecto de generación.

El empresario Antonio Taveras Guzmán se pronunció en esos términos partiendo de que hace apenas dos meses, en una reunión con empresarios, influyentes funcionarios habían señalado que el Gobierno disponía de los recursos que requería este año el avance de la central eléctrica

El dirigente empresarial recordó que en ese mismo escenario se dijo que para terminar la obra faltaban solamente US$500 millones que ya estaban identificados. Señaló que los funcionarios del Gobierno respondieron de esa manera cuando algunos empresarios le hicieron una propuesta en firme de adquirir el 49% de las acciones de Punta Catalina.

“A pesar de este anuncio de venta, no creemos que será fácil para el Gobierno encontrar inversionistas en un proyecto cuyo costo real es el secreto mejor guardado”, manifestó Taveras Guzmán, quien consideró que el Pacto Eléctrico sería el mejor escenario para discutir y analizar la venta del proyecto termoeléctrico.

Sostuvo que ni siquiera los actores que participan en el Pacto Eléctrico conocen totalmente el proyecto Punta Catalina, sus costos, los procedimientos para su construcción, el manejo presupuestal ni la procedencia de los fondos con que se financia la obra.

“Esto ocurre a  pesar de que estas informaciones han sido una constante exigencia por parte del sector privado presente en el Consejo Económico y Social”, sostuvo el presidente de la ANEIH.

A juicio de Taveras Guzmán, constituye una especie de aventura pretender equilibrar el presupuesto del 2017 con esta posible ventas de acciones de Punta Catalina, ya que no hay bases firmes conocidas públicamente que pudieran asegurar esta operación.

Auditoría profunda

El presidente de la ANEIH indicó, no obstante, que el plan de vender una parte de Punta Catalina es una decisión soberana que podría ser positiva, pero señaló que antes de esa operación se requiere una auditoría profunda a la obra eléctrica.

“Una vez determinado cuánto se ha invertido y cuánto falta para terminarla, el Gobierno podría emitir bonos del Ministerio de Hacienda por la cantidad de recursos que falta para concluir la obra. Como paso siguiente, se debe hacer una licitación internacional para pasar la administración a una empresa con experiencia en el manejo de este tipo de proyecto”, propuso Taveras Guzmán.

Consideró que los adquirentes de los bonos de Hacienda podrían pasar a formar parte de los accionistas futuros de Punta Catalina.

El empresario indicó que, determinado su valor  a través de una tasación y manejada por una empresa con experiencia, Punta Catalina deberá ser calificada por una agencia internacional, de forma que sea preparada para vender acciones en el mercado de valores con una amplia participación del público.

29 Sep 2016

IV Simposio Internacional de Calidad enfocado en la eficiencia energética

Con la asistencia de países como Alemania, Venezuela, Brasil, Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Santa Lucía, El Salvador y Haití; se celebró el 29 de septiembre desde el salón La Fiesta del hotel Jaragua, el cuarto Simposio internacional de la calidad, este año enfocándose en la infraestructura de la calidad en la eficiencia energética.

Santo Domingo, República Dominicana.- El Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), celebró en el país, el cuarto «Simposio Internacional de la Calidad», el cual surgió como necesidad de crear una base de conocimiento en los sectores productivos, organismos reguladores, consumidores y las instituciones del Estado.

El Ing. Manuel Guerrero, director general del INDOCAL, manifestó su interés en seguir haciendo sus esfuerzos para promover una cultura de la calidad en la República Dominicana, contando con grandes aliados, tales como DIGECOOM, Unión Europea, PTB, CFIOSQ; así como las instituciones que conforman el sistema Dominicano para la Calidad.

Esta cuarta versión procura promover el consumo de productos energéticamente eficientes, que son medibles y evaluables en el marco de la infraestructura de la calidad. El Sr. Fernando Goulart en su exposición explicó que en Brasil se trabaja arduamente para mantener el nivel de calidad en los productos que están en el mercado, ya que, existe un programa de etiquetado para los productos electrónicos y mecánicos con el objetivo de informar al consumidor la eficiencia del artículo; dijo que el 70% de los consumidores en Brasil pone en consideración el etiquetado al momento de hacer su compra.

Contó con la intervención de expertos internacionales, como el Sr. Ulf Hillner, coordinador del Departamento de Cooperación Técnica del PTB, Sr. Thomas Scheutzlich, consultor senior de energía independiente en América Latina y el Caribe, Sr. Haygas Kalustian, consultor de metrología del INDOCAL, Dr. Erwing Edwards, presidente del Comité Nacional Electrotécnica (NEC), Dr. Devon Gardner, supervisor del CARICOM y el moderador el Sr. Mauricio Chacón, ingeniero agrónomo. El simposio reunió a más de 300 participantes entre nacionales e internacionales y recibió como invitado de honor al Instituto de Metrología y Calidad (INMETRO) de Brasil.

También se destaca que INMETRO ha hecho grandes aportes y le ha dado apoyó a la República Dominicana en el desarrollo de la Metrología y la Infraestructura de Calidad en general, a través de capacitaciones, intercambios de experiencia y asesoría en general. Además la nación ha colaborado de forma directa con el INDOCAL para el desarrollo de capacidades técnicas que hoy han permitido los grandes avances en el SIDOCAL.

Se hizo el lanzamiento oficial del Proyecto de Calidad en las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (R3E), el cual busca establecer normas para el mercado energético acompañado de sistemas de etiquetado, en respuesta al reclamo por parte de los productores de sistemas solares, quienes piden que se reduzca la cantidad de sistemas de generación indeficientes.

23 Sep 2016

La oposición se reúne con la Sociedad Civil

Santo Domingo, República Dominicana.–  Los partidos de oposición se reunieron  el pasado jueves 22 de septiembre con los miembros de la sociedad civil para plantearles  las causas del por qué abandonaron el diálogo político-institucional por una ley de garantías electorales.

Los partidos de oposición extendieron a la sociedad civil el motivo de su abandono de las conversaciones por una ley de partidos y de régimen electoral. Donde continúan con su posición de no ser partícipes.

Señalan que esto ya quedaría en una reunión pautada para este viernes entre el presidente Danilo Medina y Agripino Núñez Collado,  moderador del diálogo. Mientras que los miembros de la Iniciativa Institucionalidad Democrática consideran que no hay motivos por los cuales no extender el plazo para escoger los miembros de la Junta. Los dirigentes partidarios se mostraron desconfiados también, de las futuras intenciones del bloque del Partido de la Liberación Dominicana con la ley de partidos políticos.

 

¿Por qué se retiró del diálogo la oposición?

Con el argumento de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quiere intentar auspiciar la inscripción del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, y de los demás miembros de ese órgano, las organizaciones políticas de oposición decidieron el pasado lunes retirarse del diálogo político.

“El interés del Gobierno es controlar enteramente los órganos electorales trasladando funcionarios y magistrados y designando partidarios y amigos en las distintas instancias que tienen que ver con el proceso electoral”, advirtieron a través de un comunicado leído en rueda de prensa por el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao.

“Es evidente que la parte gubernamental pretende entretenernos en un aparente diálogo, mientras en realidad acelera los pasos para designar una Junta Central Electoral de manera unilateral integrada, para colmo, por los mismos que provocaron el colapso del sistema electoral el pasado 15 de mayo”, aseguraron las fuerzas aliadas.

Forman parte del bloque el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza País (Alpaís), Frente Amplio (FA), Partido Humanista Dominicano (PHD), Dominicanos por el Cambio (DxC), Partido Quisqueyano Democrática Cristiano (PQDC), Alianza por la Democracia (APD), Opción Democrática (OD) y Partido Socialista Cristiano (PSC).

Iniciativa por la Institucionalidad Democrática

La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática se crea a los 9 días del mes de agosto del año 2016 en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, con la participación de las siguientes instituciones:

  • Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
  • Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
  • Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
  • Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM-DR)
  • Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo, INC. (ANEIH)
  • Asociación para el Desarrollo, INC. (APEDI)
  • Centro Bonó
  • Fundación Institucionalidad y Justicia, INC. (FINJUS)
  • Participación Ciudadana
  • Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia (PROFAMILIA)
  • Centro Juan XXIII
  • Fundación Pro Bono RD, INC.

Fuentes: Metro RD / CDN / Acento

19 Sep 2016

Alcalde de Santo Domingo Oeste se reúne en la ANEIH

Santo Domingo.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC. -ANEIH- realizó el pasado viernes 16 de septiembre del 2016 una reunión en sus instalaciones con el Alcalde de Santo Domingo, Sr. Francisco Peña, acompañado por otros delegados de la institución. El Presidente de la ANEIH, Señor Antonio Taveras Guzmán, estuvo acompañado por miembros y directivos de la asociación.

Entre las empresas asociadas que estuvieron presentes externado su realidad en la zona,  se encuentran INSEL, Calidad a Tiempo, JL Editores, Cemex Dominicana y Laboratorios Unión; estas empresas en conjunto solicitaron se diera seguimiento a las labores de drenaje, iluminación, seguridad y reconstrucción de las vías de circulación más importantes de la Zona Industrial de Herrera.

En ese mismo orden se trató el tema de las aéreas invadidas por tarantines en las aceras que imposibilitan poder caminar en las mismas, este es un tema que el poder municipal conjuntamente con el Ayuntamiento del municipio debe enfrentar y los miembros de la asociación acordaron trabajar en conjunto con estos para solventar dichas problemáticas.

 

19 Sep 2016

Industriales preocupados por nombramientos raros

Foto : Abel Guzmán Then

Subrayó que es necesario ver con criticidad las últimas designaciones hechas en el tren administrativo porque –desde su punto de vista- algunas resultan extrañas, inexplicables y desentonadas frente a los objetivos de las instituciones en las que se han producido cambios.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC., (ANEIH) pidió al Poder Ejecutivo ser meticuloso con los perfiles seleccionados para el desempeño de funciones públicas sensibles y señaló que esto debe estar por encima de la amistad y de las relaciones políticas.

El líder de la entidad empresarial, Antonio Taveras Guzmán, dijo que hace el planteamiento en función de las señales que ha enviado el presidente Danilo Medina, en el ultimo Consejo de Gobierno Ampliado, sobre la necesidad de que el Gobierno sea eficiente y esté al servicio de los ciudadanos. El dirigente empresarial sostuvo que perfiles escogidos erróneamente para funciones técnicas pueden representar un costo indeseado para el Estado, retraso en toma de decisiones importantes, desenfoque de objetivos y rupturas traumáticas por desconocimiento de políticas en marcha.

Subrayó que es necesario ver con criticidad las últimas designaciones hechas en el tren administrativo porque –desde su punto de vista- algunas resultan extrañas, inexplicables y desentonadas frente a los objetivos de las instituciones en las que se han producido cambios.

“Podemos entender que las alianzas políticas y la confianza operen como factores importantes al designar a un funcionario, pero estos factores no deben ser los únicos; hay que tener en cuenta la idoneidad, pues los cargos públicos no deben ser regalos ni donaciones por agradecimiento”, sostuvo Taveras Guzmán.

Reconoció, sin embargo, que este problema no es sistémico y que algunos nombramientos, como en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y otras instancias estatales, los perfiles están a tono con las características y expectativas ciudadanas frente a esas instituciones. Por otro lado, el presidente de la ANEIH pidió a Medina mirar con ojos críticos la cantidad de asesores que están siendo designados porque es probable que esto constituya una mala señal en momentos en que el Gobierno debe ofrecer muestra de austeridad para poder exigir el cumplimiento de los derechos tributarios.

16 Sep 2016

Repensar el modelo de Desarrollo Productivo

¿Por qué y para que tenemos que iniciar una gran Reforma Fiscal?

Desde nuestro punto de vista el país necesita repensar el modelo de desarrollo productivo que actualmente luce agotado. Algunos indicadores de este agotamiento son los siguientes:

  1. A pesar del publicitado “crecimiento económico” de las últimas décadas, casi 6% de promedio, esto no se ha traducido en el crecimiento del empleo, el mismo se ha mantenido en una variación pro-cíclica que va desde un 14 a un 16%. Esto explica la escasa movilidad social y la alta prevalencia de pobreza que existe en el país.
  1. El aporte de sectores claves de la economía al PIB, como el de la manufactura, sigue siendo cada vez menos.
  1. Las exportaciones dominicanas fuera de zona franca han estado también disminuyendo año tras año. Nuestra balanza comercial es deficitaria con la mayoría de las economías del mundo. Solo con los países centroamericanos, con los cuales nuestro país tiene tratados de libre comercio el déficit ronda el 80% con estos países.
  2. El país ha estado dependiendo básicamente del sector servicios:

a) El turismo de escaso componente económico. No aprovechamos al máximo los nichos y fortalezas que nuestro país posee como destino, por ejemplo el turismo de cruceros, turismo ecológico, turismo de salud, turismo de convenciones. No hemos salido durante años de la oferta del todo incluido.

b) Las remesas de los dominicanos en el exterior, que son un componente básico de nuestra economía, alrededor de 4 mil millones de dólares anuales. Esto alimenta la pobreza del dominicano en el exterior y el parasitismo del dominicano residente en nuestro país.

c) Las zonas francas que aportan empleos de mano de obra intensiva muy barata, sin ningún tipo de transferencia de tecnología, poco encadenamiento productivo con empresas locales, competencia desleal en el mercado interno y ningún tributo al fisco sobre sus ganancias.

d) A pesar de que nuestro país posee recursos minerales muy variados, no hemos sabido aprovechar este potencial económico que representa su explotación y gestión, quedándonos solo con los pasivos ambientales.

e) La concentración y cartelización de los mercados es un dique de contención para el crecimiento y desarrollo de las MiPyME, sobre todo las micro que es el sector mas dinámico de la economía y quienes más empleos crean. Pudiéramos pasarnos la mañana de hoy enumerando los puntos que indican el agotamiento de este modelo y la necesidad de crear uno nuevo.

Endeudamiento externo y déficits fiscales.

Dos componentes importantes que muestran el agotamiento de este modelo es que para financiar él mismo en los últimos años, se ha incurrido en grandes déficits fiscales, los cuales han sido solventados con un aumento desproporcionado de la deuda pública consolidada

Desde el ejercicio fiscal 2008 hasta el 2016, el Gobierno Central solo ha producido resultados deficitarios, se ha acumulado un déficit total de RD$629,766 millones durante estos 9 ejercicios fiscales.

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Como resultado, el financiamiento de estos déficits ha provocado un incremento considerable del stock de deuda. El nivel de la deuda calculada por la Dirección General de Crédito Público se había más que duplicado entre 2008 y 2015, al pasar de US$11,219 millones en 2008 a US$24,155 millones en 2015, o sea un incremento considerable del 115.3% :

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Hasta el 30 de junio de este año se le ha sumado a la deuda total US$1,562 millones, con este incremento la deuda representa ahora un 37.0% del PIB, mientras representaba solamente un 32.2% al cierre de 2012 (según datos oficiales), lo que evidencia un deterioro relativamente rápido de la posición financiera del Estado.

Más allá de la relación deuda vs. PIB, nos preocupa mucho más la relación Servicio de la Deuda (pago de intereses + reembolsos de capital) vs. Ingresos del Estado: mientras se mantuvo hasta 2008 por debajo del umbral del 30% (nivel máximo recomendado por los organismos multilaterales y la abundante literatura sobre el tema), se ubica desde entonces alrededor del 40% de los ingresos.

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El Presupuesto plurianual contempla para 2017 un fuerte incremento de la partida de Pago de Intereses (+24.0%) de RD$97,767.4 millones a RD$121,213.8 millones, con lo que se seguirá agravando el peso relativo del servicio de la deuda.

Es importante destacar que desde hace un tiempo las tasas de intereses en los mercados internacionales se han mantenido bajas y estáticas pero ya se han anunciado dos posibles aumentos de estas tasas por la reserva federal americana antes que finalice el presente año .

Para dar un ejemplo de impacto que esto supondría para el stock de la deuda basta con un incremento de apenas 1.0% de las tasas (de 7.7% a 8.7%) significaría RD$12,697 millones adicionales en pago de intereses.

Es indudable que NO podemos seguir con este modelo que nos resta competitividad, frena la movilidad social, estanca la pobreza y nos mantiene como una de las sociedades menos inclusiva y más desigual del continente.

Un nuevo modelo de desarrollo productivo necesita ser financiado, es por esto que estamos planteando una revisión y transformación profunda a la estructura tributaria del país, que nos encamine a relanzar el país por las sendas de mayores capacidades competitivas en los mercados globales, una sociedad más equitativa e inclusiva.

El Código Tributario debe ser transformado con una visión de equidad, que todo el mundo pague, pero que pague mas quien gane mas, que incentive la formalización de una parte importante de las empresas informales (el 56% de las empresas dominicanas son informales), dándole un trato especial a las MyPimes, reducir el gasto tributario eliminando subsidios que no tienen razón de ser y fomenta la competencia desigual.

Esta gran revolución fiscal que planteamos debe ser un pacto social y político que llegue a acuerdos sobre cuánto cuesta financiar este nuevo modelo de desarrollo productivo y quienes lo financiaran, además debe de fomentar profundas transformaciones de carácter institucionales.

Transformaciones institucionales

a) Hacer una gran reingeniería en el gobierno (mucha redundancia entre agencias, oficinas y ministerios). Burocracia más profesional, uso intensivo de la tecnología para los procesos burocráticos, reducción de gastos superfluos innecesarios y la centralización de las principales compras del estado. Esto tanto para el gasto de capital como para el gasto de consumo.

b) Un nuevo modelo de desarrollo productivo implica aumentar el gasto y su calidad para proveer los servicios que por derecho les corresponde a los los ciudadanos y las ciudadanas de este país (mejor calidad y gratuidad de la educación pública, salud pública universal, mejor seguridad ciudadana, mejor transporte, etc.) No basta con aumentar la presión fiscal para que el gobierno gaste sin control y se siga fomentando el parasitismo y el clientelismo en la administración pública en base a los impuestos que pagamos las empresas y los ciudadanos.

c) Junto a esta reforma se debe transformar el sistema de seguridad social, salud y de pensiones, eliminando los monopolios que existen sobre estos fondos, manejados por 4 ó 5 AFPs controladas por el sector financiero y bancario. Es una tragedia social que en los próximos años, al entrar una nueva generación de pensionados, lo que recibirán no les alcanzará ni siquiera para comprar un cartón de leche, mientras que estos monopolios se están quedando por su intermediación con l mayor porcentaje de las ganancias de estos fondos.

d) El país debe modificar las leyes sobre inversión extranjera sobre todo en el área de las industrias extractivas, cuyos beneficios apenas alcanzan para remediar el pasivo ambiental.

e) Este nuevo modelo de desarrollo productivo que propugnamos debe ir acompañado de transformaciones institucionales que aseguren total transparencias en el manejo de los fondos públicos, para esto necesitamos una ley de transparencia y responsabilidad fiscal, que le ponga un tope al endeudamiento, que asegure un gasto de mayor calidad, reforzar los mecanismos de fiscalización y control (cámara de cuenta cuyos jueces tengan perfiles de honestidad, excelencia profesional e imparcialidad, bloque de leyes que refuercen la lucha anticorrupción, inversión del fardo de las pruebas en relación al aumento patrimonial de los funcionarios, etc.), en fin reforzar el estricto cumplimiento de las leyes y su sistema de consecuencia.

Algunas metas a alcanzar en una nueva fiscalidad:

Simplificar el código tributario, reducir al mínimo la evasión y ampliar las bases, son ejes centrales que proponemos en esta nueva reforma fiscal.

  • Una gran reforma fiscal debe descansar en la equidad tributaria, contribuyendo a disminuir de manera sostenible las brechas de desigualdades, subsidios temporales, condicionados y focalizados hacia sectores carenciados y rezagados, eliminar subsidios a sectores empresariales que no los necesitan, etc.
  • Aumentar la presión tributaria al promedio de los países de América latina, que es 21 ó 22%. Para financiar un nuevo modelo de desarrollo productivo, que fomente empleos masivos, una economía más competitiva y una sociedad más inclusiva y equitativa.
  • Elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público. Aumentar el gasto social y de capital en función de este nuevo modelo de desarrollo productivo.
  • Abogamos por una profunda revisión patrimonial, donde todos los sectores transparenten lo que poseen.
  • Promover la equidad tributaria como una forma de aumentar la movilidad social.
  • Resolver progresivamente el déficit cuasi fiscal del Banco Central.
  • Lograr reducir el servicio de la deuda de un 40% de los ingresos corrientes a menos de 30% del PIB, sobre la base del presupuesto del 2016.

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Algunos renglones generales para aumentar la presión tributaria

Reducción y ampliación de la base imponible (ITBIS)

En el caso del ITBIS que representa, según el Presupuesto 2016, una proyección de Ingresos por RD$162,859.4 millones, o sea aproximadamente el 33% del total de Ingresos Corrientes (RD$486,721.4 millones), se pueden identificar 3 problemas que atender:

  • La tasa del 18% es muy superior al promedio vigente en Centroamérica, y es una de las más elevadas de toda Latinoamérica;
  • La cobertura del impuesto es baja, ya que cerca del 55% del valor de los bienes y servicios se encuentran exentos de acuerdo con las canastas de consumo definidas por el Banco Central, como resultado la tasa resultante del ITBIS es apenas 7.18% equivalente a RD$1,884.98 de ITBIS dentro de un valor de la canasta promedio de RD$28,155.96 al 31-05-2016;
  • El nivel de evasión del ITBIS, si bien ha venido bajando gracias a la tecnología y a la implementación de los números de comprobantes fiscales (NCF), es todavía relativamente alto (29.7%) aunque inferior al promedio latinoamericano (31.8%)

La “optimización” del ITBIS se puede lograr combinando como respuestas: ampliar la base tributaria dejando hasta un máximo de 10% de bienes exentos; reducir el nivel de evasión a los niveles que exhiben países como Chile (26.5%), Argentina (21.2%) o Bolivia (20.3%); reducir la tasa máxima hasta del 18% al 15% con una tasa reducida del 6% y una tasa exenta de 0%.

Reducción y ampliación de la base imponible (Impuesto sobre la Renta – personas físicas)
En el caso del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (ISRPF) que representa, según el Presupuesto 2016, una proyección de Ingresos por RD$38,430.8 millones, se pueden identificar 3 problemas que atender:

  • La cobertura del impuesto es extremadamente baja, ya que menos del 85% de los asalariados gana lo suficiente para tener el “privilegio” de pagar el ISRPF, por lo que la recaudación descanso en un número muy limitado de contribuyentes (para esto junto con la reforma fiscal debe hacerse un plan de aumento salarial progresivo hasta alcanzar niveles óptimos que le permitan al ciudadano acceder por lo menos a la canasta básica que necesita para vivir);
  • El nivel de exención contributiva (nivel por debajo del cual no se aplica las tasas del ISRPF) es demasiado alto (RD$34,106.75 mensuales) por lo que beneficia sobre todo a los que devengan salarios altos (que pueden entonces aplicar esta exención) mientras la gran mayoría de los asalariados no tiene como aplicarla por tener salario inferior a esta exención contributiva;
  • Producto de lo anterior, la tasa del primer tramo de ingresos gravables (15%) es muy alta, frente a 5% o 10% en la mayoría de los países;
  • El nivel de informalidad (ligeramente superior al 50% de los empleos) no permite capturar una parte significativa de los ingresos por gravar;

La “optimización” del ISRPF se puede lograr combinando como respuestas: elevar los salarios; reducir el nivel de exención contributiva a niveles similares al costo de la canasta básica del Quintil 1 (RD$12,906.76/mes) o del Quintil 2 (RD$18,374.37/mes); reducir la tasa del primer tramo gravable del 15% al 5%; reducir los niveles de informalidad hasta la mitad (25%) en un plazo de 5 años.

A diferencia del ITBIS cuyo propósito debe ser “recaudar, recaudar y recaudar”, el ISRPF permite introducir algo de justicia tributaria con la progresividad de las tasas asumiendo el principio constitucional de “tributar de acuerdo con la Ley y en proporción a su capacidad contributiva (…)” (Art. 75 numeral 6).

Ampliación de la base imponible  (Impuesto sobre la Renta – Sociedades)
En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Sociedades (ISRS) que representa, según el Presupuesto 2016, una proyección de Ingresos por RD$72,895.4 millones, se pueden identificar 3 problemas que atender:

  • La cobertura del impuesto es extremadamente baja, ya que se estiman niveles de evasión superiores al 60% en el ISRS;
  • El nivel de recaudación (2.55% del PIB según el estudio del BID) es muy inferior al nivel correspondiente en América Latina (3.46%) o del resto de los países de renta medio alta (3.70%);
  • Producto de lo anterior, la tasa general (27%) parece muy alta, sin embargo, está en línea con el promedio de Latinoamérica (27.1%) y hasta inferior al nivel de Centroamérica (28.5%);

La “optimización” del ISRS se puede lograr combinando como respuestas: reducir la tasa general del 27% al 25% y establecer una tasa para micro-empresas del 10%; reducir los niveles de informalidad hasta la mitad (25%) en un plazo de 5 años.

 

Mejor focalización de los subsidios

En el caso de los subsidios que representan, según el Presupuesto 2016, una proyección de Gastos por RD$65,967.7 millones, hay que segregarlos en dos partes:

  • Subsidios a la electricidad: gracias a la firma del Pacto Eléctrico, se debe lograr el desmonte progresivo del nivel actual (RD$33,612 millones);
  • Demás subsidios: la relación que se puede extraer del Proyecto de Presupuesto 2016 (ver cuadro en la presentación de PowerPoint adjunta) identifica 14 líneas-programas de subsidio por un valor total de RD$32,355.7 millones;

La revisión de los subsidios debe realizarse asegurando los buenos principios siguientes: focalización en vez de generalización; condicionalidad contra resultados o actitudes (asistencia escolar, por ejemplo); carácter temporal vs. carácter permanente a largo plazo.

La sofisticación de la focalización de los subsidios condicionados puede utilizarse para mitigar el impacto de la ampliación de la base tributaria sobre los hogares de los Quintiles 1 y 2.

Revisión exhaustiva del gasto tributario

En base al estudio realizado anualmente por el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto 2016 contiene una estimación teórica de Gastos Tributarios por RD$212,378.9 millones, que representa teóricamente la cantidad de ingresos que el Estado ha sacrificado a través de exenciones, exoneraciones o diferenciales de impuestos (ver detalle resumido en la presentación de PowerPoint adjunta);  cerca de la mitad de estos Gastos Tributarios corresponde al ITBIS (RD$103,418.1 millones) y beneficia, en gran medida, a los consumidores de manera directa (más de RD$115,000 millones entre ITBIS, Selectivos, ISR o Impuestos al Patrimonio).

La revisión del Gasto Tributario que debe realizarse puede permitir recuperar del 10% al 15% del monto estimado para 2016, o sea valores comprendidos entre RD$21,238 millones y RD$31,857 millones.

Redefinición del modelo de Recapitalización del Banco Central

Por último queremos referirnos al que quizás sea uno de los problemas estructurales más apremiantes de la economía dominicana: el problema del déficit cuasi-fiscal y de la onerosa transferencia al Banco Central que debe contemplar el Presupuesto anual para ir solventando el problema de re-capitalización del Banco Central.

El Presupuesto 2016 contempla una transferencia por RD$22,750.5 millones a favor del Banco Central, equivalentes a un 0.7% del PIB; aunque esta erogación represente un monto tan elevado que llega a superar el Presupuesto asignado al Ministerio de Defensa (RD$21,080.3 millones en 2016), se queda muy por debajo del nivel del 1.4% del PIB consignado en el Art. 6 de la Ley No.167-07 de Recapitalización del Banco Central; en otras palabras, para cumplir con esta Ley, haría falta transferir otra cantidad adicional por RD$22,750.5 millones.

El no haber logrado cumplir con la Ley (seguramente porque no era posible por lo elevado de las transferencias) ha agravado el problema de la emisión de certificados por el Banco Central, los cuales tenían que haber empezado a disminuir a partir del año 2014, y situarse a un nivel de RD$226,500 millones al cierre de 2015. Lleva a preocupación observar que, después de cerrar en RD$384,942 millones este stock de certificados al final del 2015, ya se encontraba en RD$413,786 millones al cierre de 06-2016; en otras palabras, la bola de nieve ha seguido creciendo.

 

 Parte de la ponencia que presentada por,

Antonio Taveras Guzman

Presidente ANEIH

INTEC, Septiembre, 2016

 

16 Sep 2016

Nuestra Visión para una Reforma Fiscal en la República Dominicana

“República Dominicana es un país prospero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.

Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Nuestro país enfrenta grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo, que demandan acciones fundamentales para avanzar hacia un desarrollo sostenido e inclusivo. Estas acciones son en el ámbito económico, institucionales y sobre todo en el ámbito político.

Por lo dicho anterior se impone trabajar sobre una visión estratégica y global del país que queremos en las próximas décadas. En los próximos años los estudios de algunos organismos internacionales muestran que el escenario económico global y la relación de poder tendrán otras configuraciones. En un escenario optimista muchos de los países emergentes habrán multiplicado por cuatro o cinco veces su PIB y serán dominantes en la economía mundial.

En América Latina tendremos países cuyas potencialidades podrían estar llevándolos a formar parte de estos bloques económicos hegemónicos.

Nuestro país tiene el gran reto de hacer estas grandes transformaciones y así poder formar parte de los países que avanzaran durante las próximas décadas, lo contrario sería seguir sumergidos en el atraso y la pobreza.

En América Latina la República Dominicana, aunque es un país y una economía pequeña, es uno de los países que presenta mayores potencialidades para aprovechar los cambios que se están operando en la economía global. Hoy en día somos una de las economías más abiertas de la región, cuyos tratados internacionales (DR-Cafta, EPA con Europa, Las Islas del Caribe, etc.) nos colocan en un mercado de más de mil millones de consumidores.

Esto representa grandes retos y grandes desafíos, como es elevar la competitividad del país de manera sostenida, aunque para esto tenemos que iniciar las reformas fundamentales en estos momentos.

14 Sep 2016

Falcondo realiza visita a la ANEIH

La ANEIH recibió en el día de hoy la visita de varios miembros del consejo de directores de Falcondo, entre ellos el presidente  de dicha entidad, el Sr. Ioannis Moutafis, el vicepresidente y Director de Minas, Sr. Apostolos Peppas, así como a los principales accionistas  de la compañía matriz de Falconbridge.

El propósito de la visita fue presentar su nuevo equipo gerencial a la Asociación de Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC. –ANEIH-, estos explicaron el impacto del reinicio de las operaciones de esta empresa y de sus expectativas en la República Dominicana, entre otros aspectos informaron que a la fecha han generado más de 850 empleos directos en la operación y alrededor de 400 empleos indirectos. Actualmente están realizando exportaciones  de níquel y ferroníquel.

Falcondo está implementando un proceso de extracción simplificado de minado selectivo que permite una mejor gestión de mineral de níquel reduciendo el movimiento de materiales y requerimiento de reforestación; en el 2017 proyectan una producción de 62,500 toneladas de Ferroníquel y exportaciones de US$182,000,000.00 y pago de impuestos de US$6,000,000.00.

Los ejecutivos de Falcondo informaron que esto es parte de un plan de visitas a las principales instituciones empresariales del país y los ministerios relacionados con la industria minera.

Por parte de la asociación estuvieron presentes su presidente Antonio Taveras Guzmán, Pasado presidente Manuel Cabrera, asesor económico de la ANEIH Henri Hebrard y su directora ejecutiva Greicy Romero.

 

14 Sep 2016

La ANEIH considera “sintomático” cambio en Pro Competencia tras la publicación de estudios

El presidente del gremio empresarial estimó “sintomático” que se destituya a la presidenta del organismo sin haber designado aún al director ejecutivo, y tras la publicación de estudios sobre la alta concentración de algunos mercados, que fueron objetados por el CONEP

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, INC. (ANEIH) acogió con desconcierto la sustitución de la titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), Michelle Cohen, cuando aún está pendiente la designación del director ejecutivo del organismo.

Antonio Taveras, presidente del gremio empresarial, consideró “sintomático” que la destitución se produzca antes de que el Congreso nombre al director ejecutivo de Pro Competencia -posición que está vacante desde el 2011-, y después que el organismo publicara una serie de estudios que reflejan una alta concentración en varios mercados de la República Dominicana.

“Es sintomático que esta destitución de la presidenta actual se dé antes de nombrar lo que le hace falta a esa Comisión, que es su director ejecutivo, y es sintomático también que ella haya sido sustituida después de haber publicado varios informes de algunos sectores”, dijo el directivo de la ANEIH al periódico Acento. Taveras avanzó que la ANEIH inició una consulta con sus abogados para indagar “sobre cuáles bases” fue sustituida la titular de Pro Competencia, y si la decisión se apega a lo que dispone la ley orgánica de la institución.

“Lo que queremos es que Pro Competencia funcione con independencia de grupos e intereses económicos”

Enfatizó Taveras, al insistir en la importancia que reviste este organismo tanto para los consumidores, como en las posibilidades de crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Taveras señaló que la entidad creada en el 2008 -al amparo de la Ley General de Defensa de la Competencia- “no ha podido funcionar” porque “intereses económicos” han torpedeado la designación de su director ejecutivo, el único funcionario facultado para investigar cualquier denuncia que se tramite en este ámbito.

El empresario exhortó “a esos grupos económicos y sectores que están detrás de todo eso a reflexionar, porque el país necesita institucionalizarse, necesita de reglas claras” que sean acatadas por todos los sectores. El dirigente industrial reiteró la preocupación de la ANEIH por el problema de la “alta concentración de mercados” que prevalece en la economía dominicana, “una economía muy concentrada, porque hay sectores que han monopolizado” determinadas áreas del comercio. Indicó que los estudios que divulgó Pro Competencia se hicieron dentro de los parámetros de la investigación de mercados, y contaron incluso con la colaboración de organismos multilaterales.

Destituida antes de tiempo

Michelle Cohen presidió el Consejo Directivo de la entidad desde abril del 2013, y fue relevada este martes por la Cámara de Diputados, que designó en su lugar a la abogada y comunicadora Yolanda Martínez.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Defensa de la Competencia (42-08), el mandato de la funcionaria era por un período de cinco años, que perimía en el mes de marzo de 2018.  Su destitución se produce una semana después de que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) tildara de ilegal y perjudicial para la imagen del país la realización y divulgación de estudios sobre las condiciones de competencia en los mercados de la cerveza, farmacéutico y de seguros por parte de la entidad reguladora.

En una misiva dirigida al Consejo Directivo de Pro Competencia, con copia al presidente Danilo Medina, el empresariado sostuvo que esa atribución es una facultad exclusiva del director ejecutivo del organismo, que aún sigue pendiente de ser designado. Pro Competencia es el órgano del Estado llamado a promover y defender la competencia de los mercados de bienes y servicios para hacer la economía nacional más eficiente.

Fuente: Acento