“Los órganos de control como la Cámara de Cuentas y el Congreso no ejercen con efectividad sus funciones a pesar que existen leyes y normativas para este ejercicio, hay prácticas que se instalan para que estas no se apliquen a cabalidad.”

Así lo expresó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), quien deploró que se usen mecanismos y subterfugios para impedir la correcta fiscalización de los funcionarios y las instituciones del Estado.

Puso de ejemplo que en la reforma constitucional del 2010 se consignó la creación de comisiones de investigación, tal como existen en Estados Unidos, para que los legisladores puedan indagar en asuntos de cierta envergadura que envuelvan a congresistas.

Sin embargo, expresó que una sola vez se activó una comisión para el caso de un senador, la cual terminó diluyéndose. Otra referencia hecha por Castaños es el caso de la Ley de Declaración Jurada de Bienes que aunque es la normativa idónea para indagar sobre el enriquecimiento de servidores públicos, en su reglamento se agregaron disposiciones que debilitan su aplicación.

Citó que se obvió el aspecto de nombrar notarios para constatar los bienes declarados, así como los criterios de independencia de la persona prevista para dar seguimiento al patrimonio de los funcionarios.

Otro ejemplo es que cuando se discutió el mecanismo de escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas se hiciera mediante ternas presentadas por la Cámara de Diputados al Senado, pero que al final se aprobó que fuera el Poder Ejecutivo que las sometiera al Congreso.

“Es un problema de voluntad política muchas veces no de diseño institucional para dar las respuestas que desde el Estado hay que dar”, expresó Castaños Guzmán.

Al ser cuestionado que si hay avances en términos de transparencia, Castaños entiende que ha habido algunos con la creación de veedurías, pero el mayor ha sido desde el punto de vista social en el reconocimiento, por ejemplo, de que la corrupción es un fenómeno que afecta institucionalmente no solo desde el punto económico como antes se creía.

Castaños Guzmán se refirió al tema durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, encuentro al que asistió junto a Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Amelia Vicini, miembro de la Cámara Americana de Comercio; Roque Féliz, directivo del Centro Bonó; Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo (ANEIH), y Rafael Paz, vicepresidente del CONEP.

Histórica impunidad. Mientras que Taveras afirmó que pese a la creación de veedurías en instancias del Gobierno, se siguen cometiendo actos ilícitos debido al sistema de poca transparencia, corrupción que prevalecen por la histórica impunidad.

Cambios en el Gobierno. En torno a los cambios anunciados por el presidente Danilo Medina, el pasado martes cuando asumió su nuevo mandato, Blanco Canto consideró que fue positivo en cuanto anunció que dará prioridad a la aprobación de la Ley Electoral y la de Partidos Políticos.

También en lo relativo a las reestructuración de las instituciones del sector eléctrico, como establece la ley, aunque anheló que eliminara la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) antes del 2018 como anunció el presidente.

Elogió además la decisión de constituir una autoridad única del transporte para llevar a cabo una reorganización de ese sector, lo cual ha sido una demanda prioritaria que han estado planteado los empresarios tanto en su agenda diaria como en la convención empresarial del pasado año.

En cuanto a las designaciones de funcionarios en el gabinete, Blanco recordó que es una prerrogativa del Presidente y que por el perfil de algunos de ellos parece un buen equipo, lo que redundará en mejor funcionamiento del Estado.

Recursos a la justicia. Ahora bien, el presidente del CONEP, dijo que vienen momentos precisos que indicarán si el Presidente tiene reales compromiso con la institucionalidad. Puso de ejemplo que en los próximos meses, el Presidente someterá al Congreso el presupuesto para el año 2017, por lo que le gustaría ver que realmente se asigne al Poder Judicial el porcentaje que la ley manda, o sea el 2.66% de los ingresos del Estado.

“No asignarle ese presupuesto al poder realmente es una muestra más de la falta de institucionalidad; es una incongruencia enorme que el poder congresual tiene mayor partida que el judicial”, expresó Blanco.

El empresario deploró que una gran parte de los ingresos del Gobierno, se vaya en empleomanía innecesaria cuando el dinero para esos fines puede dedicarse a cubrir necesidades en materia de salud, vivienda o la protección de los segmentos vulnerables.

Fuente: HOY Digital